Hedor financiero

Publicado: diciembre 17, 2013 de cinthiaburgos en La crítica, Política, Portada
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img_1387274315_4a550c097f464f099840El gobierno de Paul Carrillo de Cáceres reportó ayer una serie de irregularidades financieras que le heredó la administración de Julián Ricalde, con una deuda acumulada por mil 999 millones de pesos, que involucra a una docena de funcionarios de primer nivel, y otros 32 que tenían cargos menores.

José de la Peña Ruiz de Chávez, secretario del ayuntamiento, mostró en varias gráficas el manejo irregular de recursos públicos del gobierno de Ricalde, y se anticipó que se procederá legal y administrativamente.

Reconoció que si bien hay una deuda bancaria acumulada, por mil 330 millones de pesos, a Paul Carrillo le heredaron deudas con proveedores, con el IMSS, el SAT y el Infonavit.

Por si fuera poco, retuvo pagos de más de mil trabajadores, por 11 millones 800 mil pesos que nunca reportó a las financieras -Prestaciones FINMART S.A. de C. V., MetLife México, Deutsche Bank México y Deutsche Bank México (Causopago)- con las que los burócratas habían contratado préstamos personales.

En todas las irregularidades detectadas, hay una docena de exfuncionarios de “primer nivel”, que están involucrados, y otros 32 exfuncionarios de menor jerarquía, dijo por su parte, el contralor municipal, Alonso de Jesús Alonso.

“Estamos hablando de 12 funcionarios de alto nivel, y otros directores de área, que están totalmente ubicados”, dijo el contralor, tras aclarar que actualmente está el proceso de notificación, para comparecer por observaciones hechas en el proceso de entrega recepción.

José de la Peña aclaró que aún no se cumplen los 60 días hábiles de rigor para interponer recursos legales sobre presuntas irregularidades, pero refirió que de acuerdo a la ley, hay un año para proceder en consecuencia, incluyendo demandas de juicio político.

De la Peña señaló que el gobierno de Paul Carrillo detectó un quebranto financiero de 667 millones de pesos, de los que 131 millones corresponden a pago a proveedores bien identificados, como los 63 millones a tres empresas –Ecolimpia, Setasa y SAN- recolectoras de basura.

Asimismo se detectó la compra irregular de material eléctrico a la empresa Equipos Eléctricos Baja California S. A de C. V., por nueve millones 726 mil pesos, de la que se encontró que el mismo día que supuestamente ingresa el material, ese mismo día se instala, lo que en su opinión deja mucho que desear, ya que se enlistó gran cantidad de material que sería imposible instalarlo en tan corto tiempo.

Además, dijo, al ayuntamiento de Paul Carrillo le fue heredado el pago de 20 millones al IMSS, por cuotas obrero-patronales, otros 16 millones al Infonavit, la retención del ISR por 88 millones de pesos, finiquitos y liquidaciones pendientes por dos millones, y por si fuera poco, demandas laborales en proceso, por 107 millones de pesos.
Por cierto, José de la Peña fue enfático al señalar que curiosamente en la pasada administración no se ganó ninguna demanda laboral.

Y por si fuera poco, denunció irresponsabilidad del trienio anterior, por haberse perdido 57 millones de pesos para el programa de Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, ya que pese a tenerse el recurso asignado, tres días después del proceso electoral, el 9 de julio, a la autoridad federal se le informa que el gobierno de Cancún renuncia al uso de dichos recursos.

A esto se suma también la pérdida de 25 millones de pesos del Fondo Metropolitano, debido a que el gabinete de Ricalde no defendió los proyectos que presentó, para ejecutarse con dicho recursos.

Además reveló que la pasada administración desvió recursos federales -del Subsidio para la Seguridad Municipal y Ramo 33- por poco más de cinco millones 712 mil pesos, para financiar parte del programa de útiles escolares, que promovió el gobierno de Ricalde, pese a que dichos recursos estaban previamente asignados.

José de la Peña encabezó ayer una conferencia de prensa, en el salón Presidentes, acompañado de los titulares de Contraloría, Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez; síndico, Guillermo Andrés Brahms González; oficial mayor, Gabriela Rodríguez Gálvez; y tesorería, Rafael Ponce Pacheco.

José de la Peña explicó, a través de una gráfica, que los pasivos heredados de otras administraciones que se recibieron en el 2005, sumaban 32 millones 077 mil 442 pesos; para el fin del gobierno en el 2008 se incrementaron a 36 millones de pesos; en el 2011, se heredaron 21 millones de pesos, sin embargo, Julián Ricalde les heredó una deuda a pagar por 131 millones 170 mil pesos.

El secretario del ayuntamiento informó que la Contraloría Municipal llamará a comparecer a todos los exfuncionarios que crea conveniente, para el deslinde de responsabilidades, ya que de lo contrario quedan expuestos a demandas penales o la aplicación de otro tipo de sanciones, de acuerdo a la gravedad de la omisión.

“Ahorita estamos en proceso de comparecencia para desahogar dudas, si no se presenta se abre procedimiento administrativo y en su caso hasta demanda penal”, finalizó diciendo el contralor, Alonso de Jesús Alonso Rodríguez.

FUENTE: http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=qroo&idSeccion=1&idTitulo=294752

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